El PP recurrirá ante el Tribunal Constitucional la vulneración de los derechos de sus diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha, amparados por la ley

23, mayo, 2018.- La presidenta del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales, Ana Guarinos, ha manifestado hoy que el PP recurrirá ante el Tribunal Constitucional la vulneración de los derechos de sus diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha, amparados por la ley.

Así, según Guarinos, el artículo 23 de nuestra Carta Magna incluye el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos directamente, o por medio de representantes; como en este caso son los diputados regionales.

Este derecho, de acuerdo con jurisprudencia constitucional consolidada, incluye el ejercicio de las funciones representativas, -lo que se ha dado en llamar “ius in officium”-, que incluye la participación en la función legislativa, por ejemplo: enmiendas, proposiciones y de control, sobre todo a través de preguntas, interpelaciones, debates generales, proposiciones no de ley, etc. …

Así, ha señalado la parlamentaria, la propuesta de puntos en el orden del día es, incuestionablemente, una de las atribuciones que forma parte de ese “ius in officium” y, por lo tanto, esta facultad de propuesta ha de someterse al Reglamento y, en el caso de las Cortes de Castilla-La Mancha, dicho Reglamento no establece ningún límite cuantitativo ni cualitativo a esa facultad – tal y como recogen los artículos 44.5, 86.1 y 87-.

Según Guarinos, el presidente de la Cámara tiene la facultad de suplir e interpretar el Reglamento, pero esta facultad, -que ha de llevarse a cabo a través de resoluciones específicas-,  no puede implicar en ningún caso la incorporación de interpretaciones más restrictivas de los derechos fundamentales, puesto que existe un criterio universal de la interpretación de normas que exige elegir la interpretación más favorable al ejercicio de los derechos fundamentales, como consecuencia del principio “pro persona”.

Por todo lo anterior, ha manifestado la presidenta del GPP, si se rechaza la incorporación de puntos en el orden del día requeriría una motivación que explicitase el criterio o la fundamentación por la que son rechazados, y nunca se podría justificar la exclusión única y exclusivamente a un grupo político; en concreto al Grupo Parlamentario Popular.

Guarinos ha indicado que esta motivación no existe en este caso, ya que no puede entenderse la mera referencia a que el número de puntos del día era excesivo y se limitaba a siete.

Así, según la parlamentaria, la indicación de que se supriman determinados puntos y que, en caso de no elegirlos el GPP los elegiría la propia Mesa, carece de toda justificación, incurriendo en un caso de arbitrariedad de los poderes públicos; que es un supuesto prohibido expresamente en el artículo 9.3 de la Constitución.

De este modo, ha advertido de que si cualquier órgano de la Cámara, cuyas decisiones se adoptasen por la mayoría (en este caso, el bloque PSOE-Podemos), pudiera decidir qué propuestas de la oposición van a ser examinadas y cuáles se pueden descartar “a limine”, sin mayor motivación que un criterio supuestamente aleatorio, la función misma de control resultaría absolutamente impedida y tergiversada.

Así, según ha indicado, el Tribunal Constitucional ha reiterado en numerosas ocasiones que el ejercicio de la función de control del Gobierno no puede quedar, en ningún caso y de forma absoluta, en manos de la mayoría que apoya al Gobierno.

Además de lo anterior, según Guarinos, hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente que el aplicador de la ley no puede cambiar injustificadamente el sentido o criterio de aplicación cuando se trate de casos sustancialmente iguales.

En este sentido, ha indicado que para que un cambio de criterio sea conforme a la Constitución han de darse, entre otras condiciones, una motivación específica de dicho cambio de criterio, que es adicional a la genérica motivación de las resoluciones de los poderes públicos.

De este modo, ha señalado que esto es algo que no solo no se ha dado, sino que es contradictorio con la costumbre de la Cámara Regional, y ha recordado que los plenos realizados en abril y mayo de este mismo año tuvieron 9 y 11 puntos respectivamente.

Ana Guarinos ha manifestado que estos supuestos son exigibles a cualquier poder público que aplique una norma con rango de ley pues, de lo contrario, se incurriría en un nuevo supuesto de arbitrariedad de los poderes públicos.

Así, el Reglamento parlamentario, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, tiene rango de ley y, en el caso del Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha, su aplicación por los órganos de la Cámara, desde siempre, no incluía los criterios limitativos de los puntos que cada Grupo puede proponer, que han aparecido ahora de forma inopinada e injustificada.

Según la dirigente popular hay, por lo tanto, un evidente y brusco cambio de criterio, que debe someterse a las condiciones antes expuestas, al tiempo que ha indicado que dicho cambio parece más bien motivado con carácter exclusivo a los deseos del Gobierno de impedir el debate de temas no deseados, - en concreto los que tienen su base en la ciudad de Talavera ante la próxima celebración en la misma del Día de la Región-.

Por lo tanto, la presidenta del GPP ha señalado que en el presente caso no se cumple ninguna de las condiciones mencionadas. Además, la resolución de la Mesa, que ni siquiera justifica la exclusión de esos puntos, mucho menos hace alusión a su evidente cambio de criterio y los motivos de este y hay, por tanto, una clara desigualdad en la aplicación de la ley, contraria al mandato del artículo 14 de la Constitución.

Hay 85 comparecencias del Gobierno de Page pendientes

Además de esto, Guarinos ha denunciado que hay 85 comparecencias pendientes del Gobierno de Page en las Cortes regionales. Así, ha recordado que el pasado 25 de abril el GPP registró un escrito en las Cortes regionales solicitando la convocatoria de todas las comisiones que ha pedido el PP, y que están aún pendientes de celebrarse, sin que aún se haya recibido respuesta, ha concluido.