En el actual marco socioeconómico, el sistema educativo se vuelve fundamental para la planificación y la formación de las futuras generaciones. Así, el Grupo Parlamentario Popular ha avalado ya públicamente los nuevos proyectos anunciados por el Ministerio de Educación. Entre las iniciativas propuestas por José Ignacio Wert, interesa enormemente, de ahí la Proposición no de Ley debatida en la Cámara Baja, la puesta a punto del nuevo sistema dual de Formación Profesional.

El Partido Popular es un partido reformista que tiene en la libertad y en las personas sus ejes ideológicos para desarrollar su acción política y de gobierno. Y en esta encrucijada histórica, el Gobierno del Partido Popular nos presenta una batería de medidas y reformas para dar solución a problemas, que lejos de ser coyunturales, son estructurales y afectan a las bases y a los cimientos del Estado del Bienestar.

Se trata de reformas de gran envergadura y todas ellas se encaminan hacia una misma dirección, que no es otra que la de generar crecimiento y empleo en nuestro país. Y en cien días de gobierno, el Congreso de los Diputados ha sido testigo del debate de esas grandes medidas de futuro y prosperidad que Mariano Rajoy y todo su equipo han conseguido sacar adelante. Se han puesto las bases para el futuro en un tiempo récord y el Gobierno del Partido Popular ha conseguido desmarcarse del camino de la ruina, deuda y déficit  representado por el Partido Socialista.

Hoy, día 19 de marzo, España celebra una de las fechas más importantes para todos aquellos que creemos en que la Constitución debe ser la norma fundamental que dirija la convivencia entre los ciudadanos de un país o nación. Con la Carta Magna aprobada en las Cortes de Cádiz, en el año 1812, nuestros antepasados lograron una de las aportaciones más importantes al constitucionalismo iberoamericano y sin duda la entrada en la historia de esas naciones que, a partir de entonces, dijeron sí al reconocimiento de la libertad y los derechos fundamentales que otros pueblos ya declararon años atrás.

España, con la Constitución de ‘La Pepa’ se convertía en el cuarto país del mundo que plasmaba su ideal de libertad en una ley máxima. Años antes, aparte de Gran Bretaña con su constitución consuetudinaria, ya se había establecido en  Estados Unidos, Francia y Polonia. Un logro que, en el caso español, llevaba intrínseco un mérito enorme, pues la nuestra es, sin duda, el primer intento de toda nuestra historia contemporánea de integrar, en una Asamblea Constituyente de hombres libres, a representantes de los ciudadanos de todos los territorios que entonces formaban el Imperio Español. En este artículo, a modo de homenaje y recuerdo a este texto tan importante para los demócratas, intentaré relatarles todos aquellos acontecimientos de esa ‘historia’ que comenzó a finales de 1810.

Y así, un 24 de septiembre se acordó el Real Decreto de constitución de las Cortes de Cádiz. En éste, se mencionaba que “los Diputados que componen este Congreso, y que representan a la Nación Española, se declaran legítimamente constituidos”. En ellos, residía la Soberanía Nacional, proclamada por primera vez en nuestro país. Es preciso recordar que ya, en ese año, el rey Fernando VII, monarca absolutista, había sido ‘apresado’ en Bayona por Napoleón, y le sustituyó en el Reinado del Imperio Español, su hermano, José Bonaparte. España se veía inmersa en una Guerra de la Independencia que duraría hasta 1812, cuando se iniciaba el primer bienio liberal de nuestra historia.

Durante este periodo y en la primera sesión de las Cortes de Cádiz, se aprobaba un documento con principios que ahora son irrenunciables por cualquier sociedad, como  el de la “igualdad” entre los ciudadanos de todo el Imperio Español, salvo los entonces esclavos, y la reivindicación de esa igualdad en los empleos y destinos. Todo un hito que más tarde confirmaría la Cámara al integrar en la misma a sesenta Diputados venidos de los territorios de ultramar del Imperio, entre los que destacaron los venidos de Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico. Un concepto, el de igualdad, que pretendía, además, que la Constitución de Cádiz se convirtiera en la primera con un ideal planetario, lo que convertía a la misma, como bien señala D. Jorge de Esteban, en “una bella utopía”.

Y de esos pensamientos entonces utópicos, sobrevinieron y así quedaron plasmados en papel, los ideales de esa Constitución que tuvo a dos corrientes de pensamiento como protagonistas. La primera, los llamados ‘tradicionalistas’, principalmente formados por clérigos y por un grupo de seglares que representaban la cultura más arraigada de nuestro país. De esta corriente, sobresalía un pensador curtido en mil batallas como Jovellanos, que a pesar de no estar mucho tiempo en la capital andaluza, promulgó allí su famosa frase de “yo no sigo un partido, sino la santa y justa causa que sostiene mi Patria”.

Con hombres como ellos, las Cortes de Cádiz estaban destinadas al éxito. A éstos se unían una segunda corriente ideológica, los “liberales”, que con su proyecto de imponer en España los mismos principios de la Revolución Francesa, lograron dotar  a “La Pepa” de un espíritu revolucionario y ávido de proclamar los Derechos Fundamentales de la Humanidad, los principios de Soberanía Nacional, la Separación de Poderes y la limitación del poder del monarca.

Entre estos dos grupos integrados por hombres ilustrados e inteligentes fueron discutiendo y modelando, sesión tras sesión, el texto. Uno de los  temas más debatidos fue la confesionalidad del Estado, donde el sector religioso consiguió que no se tocaran los privilegios de la Iglesia.  A cambio, los “liberales” lograron hacer entrar en razón a la mayoría conservadora de la Cámara en temas como la abolición de la Inquisición o la implantación en España, por primera vez en su historia, del derecho a la Libertad de Imprenta. Todo un avance que, por otro lado, veía como la línea de actuación que estaban siguiendo los liberales era un reflejo de la Constitución Francesa proveniente de la Revolución de 1789.

Entre ellos, este Parlamento logró establecer en una de las naciones más tradicionalistas un régimen basado en la división de poderes, y el reconocimiento de un amplio catálogo de derechos como el de propiedad y libertad, la inamovilidad de los jueces, el Habeas Corpus, la prohibición de la tortura, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de expresión y de imprenta.

A estas alturas, no cabe ninguna duda que muchos de estos derechos son asumidos hoy en día por la mayoría de sociedades de este mundo. Pero entonces, esta Constitución también aportó a la historia moderna una verdadera revolución política y, por ende, social. Con el establecimiento del sufragio universal, en régimen representativo, los españoles entrábamos por fin en la modernidad y en la educación constitucional, de la que hoy celebramos ya dos siglos de antigüedad.

Y es que, a pesar de que la carta gaditana incorporara gran parte de los ideales intrínsecos de la Revolución Francesa, los españoles podemos estar orgullosos de haber podido albergar el nacimiento de la primera Constitución Cristiana del mundo moderno. Nuestra tradición religiosa fue la que nos llevó a proclamar delante del mundo que una sociedad no puede olvidarse tampoco de aquello en lo que cree además de reconocer que es su tradición religiosa la que le dio esa entidad y la que le permitió llegar a cruzar y abrazar las tesis constitucionales.

Y así, bastaron nada más y nada menos que un total de mil ochocientas sesiones para que los noventa y siete eclesiásticos, sesenta abogados, veinte intelectuales, cuarenta y seis militares, cinco funcionarios, quince latifundistas y diez obreros, de los que el 66% formaba parte del entonces llamado “Estado Llano” promulgaran con gran ilusión la Constitución de 1812, ese 19 de marzo de 1812, festividad de San José.

Seguramente, ninguno de ellos imaginaría que doscientos años después, este texto que custodia el Congreso de los Diputados y que hoy se encuentra en la ciudad de Cádiz, con motivo de este Bicentenario, tuviera la trascendencia que hoy día tiene. Por ello es muy merecido el homenaje que se le rinde por haber llenado miles de páginas de la Historia de España con su nombre. Porque en Cádiz comenzó nuestra aventura a través del constitucionalismo que nos trajo a la que hoy gobierna y rige nuestra convivencia: la de 1978.

También en 1978, pensadores, políticos, y, en definitiva, personas provenientes de todos los ámbitos ideológicos, se pusieron de acuerdo para promulgar la Constitución que ponía fin al régimen anterior. Treinta y tres años después y al tiempo que celebramos el Bicentenario de la “Pepa”, los demócratas españoles tenemos también un deber: enseñar al mundo nuestra experiencia y llevarla a aquellos pueblos que hoy no disfrutan de esos idearios de Libertad, Igualdad y Democracia que ya hace doscientos años, un grupo de valientes que amaban por encima de todo a España, lo hicieron en la ciudad de Cádiz.

Rocío López González
Diputada Nacional por Toledo

María Dolores Cospedal y Mariano Rajoy han mostrado siempre un compromiso ambicioso con estos colectivos, y lo que eran promesas electorales se convierten en medidas reales y eficaces que tienen como objetivo primordial generar confianza y beneficiar las condiciones de trabajo de quienes crean en España el ochenta por ciento de los empleos y representan, además, el ochenta y cinco por ciento del tejido empresarial español. Se trata de una nueva concepción, un cambio de mentalidad, un avance hacia políticas que incentiven la creación de empresas, políticas éstas que ocupan ya un lugar preferente en las agendas de los Altos Cargos del Gobierno tanto regionales como nacionales.

El diagnóstico de la realidad que heredamos de gobiernos anteriores era claro: cierre de empresas, falta de iniciativas, morosidad y parón del flujo del crédito, que dinamitó las posibilidades de refinanciación del sector. Esto solo se podía hacer frente mediante la aplicación de propuestas fiscales  alentadoras, la reducción de la morosidad de las administraciones públicas. Y también, promoviendo la imagen del empresario y el desarrollo del espíritu emprendedor  y fomentando la inversión para fortalecer a los empresarios y autónomos de la región y del país, que se habían sentido marginados en estos últimos años.

Que nuestra región sea una de las que mejor patrimonio natural tenga de todo el territorio nacional nos aporta y facilita el establecimiento y expansión de uno de los sectores económicos que fundamentan su desarrollo.

En el Congreso de los Diputados, he recibido una de las tareas más apasionantes de toda mi carrera política. A partir de ahora, y gracias a la confianza que nuestro secretario general técnico, Teófilo de Luís ha depositado en mi persona; coordinaremos juntos toda la actividad parlamentaria que desde el Partido Popular se desarrolle en lo referente a la caza.   Y es que, la variedad ecológica de toda la geografía española hace que seamos el país más importante de todo el continente europeo en variedad de flora y fauna, condición indispensable para el buen desarrollo de uno de los sectores más emergentes y sólidos: la caza. Por eso, la actividad cinegética en España, a principios de este siglo XXI, ha contribuido a mejorar el desarrollo sostenible de nuestra nación.

Desde el año 2004, cuando el Partido Popular pasó a la oposición, hasta estas fechas, nuestra formación lleva advirtiendo que el cambio realizado por la izquierda en materia educativa iba a suponer un grave perjuicio para las próximas generaciones. Un sistema que, en estos últimos siete años, y a pesar de los múltiples esfuerzos del Grupo Parlamentario Popular por revertir esta situación, han llevado a la educación española a cotas de fracaso escolar y de bajo nivel educativo nunca antes conocidas en toda la época democrática.

Unas cifras que nos hicieron llevar en nuestro programa electoral, con el que Mariano Rajoy ganó las elecciones del pasado mes de noviembre, un amplio abanico de medidas en este aspecto que venían a significar ese cambio de rumbo en la forma de educar a nuestros hijos. Un punto de inflexión que se empezó a dar en comparecencia del nuevo Ministro de Educación, José Ignacio Wert, ante la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, de la que formo parte.